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Corrupción judicial mantiene como “rehén” a joven campesino de Barinas

Samuel Wladimir Pérez  cumple 60 días como rehén del sistema de  justicia penal en el estado Barinas. Ahora  además su vida e integridad personal pudiera también estar en  peligro.

El joven de 24 años, quien es trabajador del campo, fue aprehendido el viernes 20 de diciembre de 2019 por tres efectivos de la GNB quienes “investigaban” una denuncia por robo de ganado presentada por el administrador del hato Gavilán-La Chaqueta, Luis Mansilla, hijo del propietario, Manuel Mansilla.
Samuel está integrado a la familia de José Macedonio Mora y Carolina Ramírez (a quienes llama papá y mamá) y se encontraba en el predio que el INTI les adjudicó en 2018 tras una medida de rescate de tierras sobre 2 tercios del latifundio de más de 4 mil hectáreas que poseía Mansilla.
Para realizar la captura  (o más correctamente, para justificarla) los efectivos militares dijeron haber visto a Samuel huyendo de ellos por lo que ingresó a una vivienda de madera. Ante su comportamiento “sospechoso” llamaron como testigo a otro joven que “pasaba por allí” e ingresaron al lugar ante la presunción de un delito. Ese delito era la supuesta retención contra su voluntad de una adolescente de 14 años que es la pareja o concubina de Samuel.
Pero como el asunto principal de la operación militar era el robo de ganado,  los funcionarios y personal del hato arrastraron una vaca y le colocaron en un área boscosa para tomar fotografías y “probar” el abigeato. Un cuero con el hierro del hato reportado como enterrado en el lugar completó el operativo.
El montaje de las “pruebas” estuvo acompañado de amenazas a la adolescente para que dijera que había sido raptada, y de golpes a Samuel para que asumiera su culpa y además revelara que tenía como cómplices al resto de la familia Mora Ramírez. El “testigo” también recibió una tanda de golpes para que su testimonio se ajustara a lo deseado por militares.
Para no extender tanto la historia basta decir que tres días después Samuel fue llevado a audiencia de presentación en el Tribunal 2° de Control, a cargo del juez Yosman Pernía, que ordenó su detención judicial en la sede del Comando Rural 339, ubicado en cercanías de Libertad.
Sin embargo a la  par de los eventos legales se registraron dos actuaciones que revelaron que la investigación y detención había sido “comprada” por Mansilla.
Una fue la visita a la sede de la compañía Constructora Clomat ubicada en la carretera vía El Toreño. Allí se realizó una reunión con la participación de los militares, Manuel Mansilla y dos mujeres que eran fiscales del MP. Concretamente las dos fiscales responsables del procedimiento, a saber,  Beatriz Paez (3ra. Auxiliar) y Lisbeth Ruiz (9na. con competencia en Adolescentes).
Esta particular actuación fue revelada por la adolescente que para el momento era tratada y movilizada como una “detenida” y no como supuesta víctima de un delito.
Valga adelantar que durante la entrevista rendida por la jovencita en la sede del MP en Barinas, señaló en forma precisa a la fiscal Paéz cuando la vió.
El otro evento revelador fue un recorrido por varios bodegones y licorerías de la ciudad en busca de licores finos y costosos para los tres militares,  como parte del pago recibido por la operación.
Los detalles de estos hechos abiertamente delictivos están en las actas de las entrevistas que en la propia fiscalía 3ra. rindieron tanto la adolescente como el joven que fue obligado a servir de testigo en el allanamiento el 20 de diciembre.
Con base en los testimonios la fiscalía 3ra. (a cargo de su titular, Francisco Traspuesto, presentó el 5 de febrero su acto conclusivo en el que solicitó el sobreseimiento y en consecuencia la libertad plena e inmediata de Samuel Pérez.
Sin embargo, de manera ilegal el juez de la causa, Yosman Pernía se ha negado a ni siquiera decidir sobre la solicitud de sobreseimiento. 
Tras ser encarado por familiares de Samuel reveló que solo podría decidir si era “autorizado” por el juez presidente del Circuito Judicial Penal, José Luis Cárdenas Quintero.
Esta información fue confirmada el jueves pasado, 13 de febrero, cuando el propio  Cárdenas Quintero mandó a su asistente a decir que mantendría privado de libertad a Samuel por al menos otros 45 días.
Tal situación implica que se encuentra en estado de indefensión pues de no estar de acuerdo con la solicitud debe remitir el expediente al fiscal superior de la entidad para que decida, bien sea queasigne la investigación a otro fiscal o la ratifique. De esa manera quedaría firme el sobreseimiento.
Adicionalmente Samuel sigue privado de libertad en una unidad militar donde están destacados y activos los tres efectivos que lo arrestaron y ha recibido amenazas directas de muerte. Le han dicho que no saldrá de allí. 
Este breve relato de emergencia puede ser confirmado íntegramente, como ocurre siempre con la información de La Tabla, y se divulga con la intención de resguardar la vida del joven detenido. 
En La Tabla no queremos tener alguna corresponsabilidad en cualquier daño que pueda sufrir Samuel Pérez.
Por eso le pedimos a quien lo lea que actúe bien sea divulgando o impulsando que el aparato burocrático judicial actúe conforme a la ley.